Global Innovation Index: Latin America highlights

Vicente Zafrilla Diaz-Marta
Intellectual Property expert at the Latin America IPR SME Helpdesk

WIPO, together with Cornell University and INSEAD, has recently published the 2017 edition of the Global Innovation Index under the title Innovation Feeding the World, with a special focus on innovation in the agri-food sector.

According to the Index, the most innovative country in Latin America is, not surprisingly, Chile (ranked 46th), followed by Costa Rica (53rd), Mexico (58th), Panama (63rd) and Colombia (65th).

Apart from general information concerning innovation ecosystems in each Latin American country, the publication devote two chapters – Chapter 7 and Chapter 10- to some Latin American specificities related to innovation in the agri-food sector. The former deals with “Policies and Institutions Fostering Innovation and Agriculture Technologies in Brazil” including a description of the innovation ecosystem in Brazil- policies and institutions- as well as different proposals to improve it, with a special focus on agri-food production.

Chapter 10, titled “Innovation in the Agri-Food Sector in Latin America and the Caribbean” offers an overview of the evolution of innovation in the Region, including a briefing of the value chain in the sector with the most relevant innovative fields for agri-food sector, as well as an update of the status of biotechnology and Genetic Modified Organisms (GMOs) in most Latin American countries, from both a technological and policy perspective.

Should you need more information with regards how to manage innovation and IPRs in Latin America, please read our FS on IP in the Agri-food sector (I): Geographical Indications and our – soon to be released- FS in bio and nanotechnology.

Stay tuned.

Novedades de PI en Perú

Laisha Mubarak
Lawyer at Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

El 29 de mayo de 2017 se ha aprobado a través del Decreto Supremo N° 059-2017-PCM el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1075 (en adelante, el “Reglamento”). El Decreto Legislativo N° 1075 aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones. Para estos efectos, el mencionado Decreto Legislativo se le denominará como la “Ley”.

El Decreto Supremo ha sido emitido según lo ordenado en la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1309, Decreto Legislativo de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguido ante los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI.

Entre los principales alcances del Reglamento se encuentran los siguientes:

Régimen de Poderes:

En caso el representante se acredite como tal mediante un poder que obra en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP- y desee emplearlo, debe indicar de manera expresa en su solicitud el número de partida registral en el que dicho poder se encuentra inscrito.

Fecha de solicitud de registro:

En caso la solicitud de registro de marca no cumpla con los requisitos exigidos por la Ley, la Unidad de Trámite Documentario requerirá al solicitante dicha información y otorgará un plazo de sesenta (60) días hábiles para que complete la información, sin asignarle número de expediente ni fecha de presentación. La Unidad de Trámite Documentario mantendrá en su custodia la solicitud hasta que el administrado subsane los requisitos. Caso contrario, se devolverá al solicitante los documentos que hubiese presentado.

En caso la Unidad de Trámite Documentario no detecte la omisión de alguno de los requisitos exigidos por Ley, la instancia respectiva observará la solicitud y otorgará un plazo para subsanar.

Notificación a depósitos temporales autorizados por SUNAT:

Las medidas cautelares dictadas en procedimientos relacionados con la presunta infracción a derechos de propiedad industrial cuya mercancía se encuentre almacenada en depósitos temporales autorizados por la SUNAT, son notificadas a los correos electrónicos proporcionados por los referidos depósitos, precisándose el tipo de medida cautelar a cumplir y la identificación de la mercancía sobre la cual recae la misma.

Diligencia de inspección:

Las solicitudes de diligencia de inspección deben cumplir con los siguientes requisitos: a) encontrarse debidamente sustentada; b) acreditarse el pago; c) indicar el lugar donde se llevará a cabo la diligencia; d) nombres y apellidos completos, denominación social o razón social, documento nacional de identidad, carné de extranjería o cualquier documento análogo del solicitante, domicilio procesal, y de ser el caso los datos de identificación de quien ejerza la representación de éste; e) registro Único de Contribuyentes, en el caso que corresponda; f) firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido; g) identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En el caso de acciones sustentadas en un nombre comercial, registrado o no, debe presentar los documentos que acrediten el uso actual, real y efectivo del mismo, con anterioridad al momento de interposición de la solicitud. En caso de acciones sustentadas en signos distintivos notoriamente conocidos deberá acreditarse tal condición; h) copia del escrito y sus recaudos, según la cantidad de notificaciones a realizarse. En caso de presentarse pruebas que consistan en muestras físicas, deberán adjuntarse ejemplares adicionales o, en su defecto, una representación de la misma.

 Asimismo, se deberá cumplir con el procedimiento detallado en el artículo 118° de la Ley.

De no cumplir con los requisitos antes señalados, se notificará al solicitante para que subsane la omisión en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.

Procedimiento Sancionador:

La autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial puede promover los siguientes procedimientos sancionadores: a) procedimientos iniciados por proporcionar a la autoridad nacional información falsa u oculte, destruya o altere información, entre otros supuestos del artículo 116 de la Ley, b) supuestos contemplados en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807, c) supuestos contemplados en el artículo 55 de la Ley, d) procedimientos iniciados por el uso ilegal de la denominación “marca registrada”, “M.R.”, “denominación de origen, “D.O.” u otra equivalente que indiquen falsamente la existencia de un derecho de propiedad intelectual, e) procedimientos iniciados por incumplimientos de resoluciones y medidas cautelares y f) denuncias iniciadas de oficio.

Presentación de escritos ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual:

Las partes tienen el derecho de presentar los escritos y documentos que consideren pertinentes hasta antes de que el expediente pase a etapa de ser resuelto. El Acta levantada por la Secretaría Técnica en la que se deje constancia de que el expediente pasa a etapa de ser resuelto surtirá efectos a partir del sexto día hábil de notificada. Los escritos presentados con anterioridad a dicha fecha serán evaluados por la autoridad, salvo que sean escritos reiterando los argumentos de hecho o de derecho que hayan sido expuestos anteriormente.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellos escritos que contengan desistimientos, conciliaciones o transacciones extrajudiciales.

Renuncia a la presentación:

Durante cualquiera de las etapas del procedimiento, los representantes de las partes pueden renunciar a dicha representación debiendo cumplir para tal efecto con lo establecido en el Código Civil. La variación del representante no afecta la vigencia del último domicilio procedimental fijado en el expediente, en tanto no sea variado expresamente.

Presentación de solicitudes a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual:

Toda solicitud de exhibición de documentos, de diligencia de inspección o que las partes presenten debe ser debidamente sustentada, caso contrario será denegada de pleno derecho.

Plazos para citar a las partes:

La fecha de cualquier tipo de audiencia debe ser notificada a las partes con un mínimo de cinco (05) días hábiles y puede ser reprogramada por solicitud de parte mediante una solicitud justificada con al menos tres (03) días hábiles previos a su realización.

Desistimiento:

Se puede desistir del procedimiento o de alguna pretensión antes de que la resolución final de la segunda instancia administrativa sea notificada. Esto genera que las resoluciones que se hayan emitido durante el procedimiento queden sin efecto.

Contenido de la Resolución:

La Autoridad tiene la facultad de declarar la nulidad de la resolución impugnada en caso de encontrarse incursa en alguna causalidad de nulidad, sin ser necesario que ella haya sido invocada por las partes. 

Domicilio procedimental:

El domicilio procedimental fijado por las partes se presume vigente, sin admitir prueba en contrario, en tanto no se comunique su cambio por escrito. Si quien recibe la notificación presenta un escrito devolviendo la notificación, éste se tendrá por no presentado.

Recurso de Reconsideración:

El recurso de reconsideración que, además de la nueva prueba, tenga como sustento cuestiones de puro derecho o distinta interpretación de las pruebas presentadas, será calificado como un recurso de apelación.

· Aplicación de la ley: Las reglas de competencia establecidas en el artículo 4 de la Ley, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, son aplicables a los recursos de apelación que se hayan interpuesto luego de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1309 (31 de diciembre de 2016). Así, la Dirección de Signos Distintivos, a través de su Comisión, conocerá y resolverá en segunda y última instancia los recursos de apelación recaídos en procedimientos no contenciosos (registro, renovación, modificación, entre otros).

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI sólo conocerá y resolverá en segunda y última instancia los recursos de apelación que versen sobre procedimientos contenciosos.

· Aplicación de las Reglas Procedimentales: Lo dispuesto en el título de reglas procedimentales es aplicable, en lo que corresponda, a los procedimientos seguidos ante las Direcciones de Propiedad Industrial y las Comisiones que las integran.

· Vigencia: El Reglamento se encontrará vigente desde el día siguiente de su publicación.

La iniciativa del poder ejecutivo, gratamente seguida por el Indecopi, implica grandes avances y mejoras para el usuario, toda vez que se simplifican procedimientos y se racionalizan los requisitos que éstos deben presentar. Sin perjuicio de ello, me gustaría recalcar que, respecto a la modificación referida a la fecha de solicitud de registro, al no asignársele un número de presentación cuando exista una observación, deja abierto a interpretación en qué fecha se entenderá presentada la solicitud, ya que no se señala expresamente. En ese sentido, si la fecha de presentación será la de la subsanación, habría que tener mucho cuidado con solicitudes que ingresen con posterioridad a la solicitud observada y aún no subsanada; ya que la fecha de presentación podría ser anterior y la nueva solicitud gozaría de prioridad.

Litigios de infracción y nulidad de patentes en el Perú: Un caso sui generis de bifurcación

Technical Secretary at the Commission of Inventions and New Technologies
INDECOPI

La Comunidad Andina es el resultado de la búsqueda de un desarrollo equitativo y armonioso por parte de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que firmaron el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, estableciendo el marco de creación de una comunidad subregional conocida inicialmente como el Pacto Andino y que posteriormente fue renombrada como Comunidad Andina. Con el fin de conseguir el objetivo en mención, la Comunidad Andina promueve un proceso continuo de integración, así como de cooperación económica y social. En particular, este proceso de integración involucra la necesidad de tener reglas comunes en relación a aspectos que fomenten la unificación del mercado, tales como los derechos de propiedad industrial.

El sistema de propiedad industrial de la Comunidad Andina es establecido por la Decisión 486, la cual busca garantizar un escrutinio riguroso del cumplimiento de los requisitos requeridos para el otorgamiento de una patente. Así, la Comunidad Andina no solo prevé la realización obligatoria de un examen sustantivo por parte de las autoridades nacionales de patentes de sus Países Miembros, sino que también incluye mecanismos que permiten a terceros probar que una invención no cumple con los requisitos de ley, procurando la denegatoria de la patente (a través de una oposición anterior al registro) o, si la patente ya ha sido concedida, su revocación (a través de un pedido de nulidad).

De otro lado, la exclusividad que es conferida por la patente puede ser resguardada por medio del derecho del que gozan sus titulares para interponer denuncias por infracción ante las autoridades competentes. Debe señalarse que la legislación andina no establece quiénes habrán de ser estas autoridades competentes, por lo que los Países Miembros son libres de asignar tal competencia a órganos judiciales o administrativos.

En el caso particular de Perú, tanto los casos de nulidad e infracción pueden ser revisados a nivel administrativo, lo que ciertamente otorga una apreciable celeridad a la solución de estas disputas (la que regularmente no tomará más de 360 días útiles, incluyendo tanto primera como segunda instancia). Si bien el sistema judicial constituye una alternativa desde el año 2009, se conoce que ordinariamente los procesos que son vistos ante las cortes toman en promedio cuatro años, considerando el tiempo total que toman la primera y segunda instancia.

Más aún, los casos de nulidad e infracción administrativas son vistos por la Oficina de Patentes peruana (Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, un órgano perteneciente al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI), lo cual dota a estos casos de un alto grado de tecnicidad, lo cual es muy necesitado en las decisiones correspondientes.

Sin embargo, el sistema administrativo referido tiene ciertas limitaciones, dado que ambos procedimientos pueden ser seguidos de manera separada. Así pues, es imposible interponer una defensa de nulidad dentro del procedimiento de infracción, por lo que, si el denunciado considera que la patente en la que se basa la denuncia no cumple con uno o más requisitos legales, únicamente podrá presentar en pedido de nulidad independiente. Tal como se puede ver, éste es un caso sui generis de bifurcación, en donde es la misma autoridad la que decidirá ambos casos.

Considerando que es muy frecuente que un caso de infracción sea procesado antes que el inicio de la acción de nulidad respectiva, es teóricamente válido decir que una decisión que determine la nulidad de la patente podría resultar un acto tardío frente a la decisión anticipada que establezca la comisión de una infracción si es que ésta ya ha sido totalmente ejecutada. Al respecto, debe hacerse hincapié en que, de acuerdo a la legislación peruana, el efecto retroactivo de la invalidación de una patente no afecta aquellas decisiones en casos de infracción que hayan quedado firmes antes de dicha invalidación.

No obstante, la Oficina de Patentes peruana ha encontrado cierto modo de mitigar el problema antes referido. Así, cuando un caso de nulidad es presentado no mucho después del inicio de un procedimiento de infracción, la Oficina procura emitir las decisiones correspondientes a ambos casos en la misma fecha, de manera que, si el caso de nulidad es exitoso, se emite a continuación una decisión que determina la improcedencia de la acción de infracción. Esta medida busca la emisión de decisiones no contradictorias y solo es posible porque es la misma administración la que decide ambos casos.

A pesar de la medida adoptada por la Oficina de Patentes peruana, es todavía probable que, debido a razones muy particulares, esta solución de facto no funcione en todos los casos. En este sentido, sería muy positivo que el sistema andino sea modificado de manera tal que se incluya un instrumento que permita a los denunciados por infracción interponer una defensa de invalidación dentro del procedimiento de infracción. Esta solución de jure permitiría a la administración peruana contar con un mecanismo que asegure la emisión de decisiones coherentes, lo que, sumado a la celeridad y alto grado de tecnicidad reconocidos, dotaría de gran fuerza a su sistema de propiedad industrial.