Litigios de infracción y nulidad de patentes en el Perú: Un caso sui generis de bifurcación

Technical Secretary at the Commission of Inventions and New Technologies
INDECOPI

La Comunidad Andina es el resultado de la búsqueda de un desarrollo equitativo y armonioso por parte de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que firmaron el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, estableciendo el marco de creación de una comunidad subregional conocida inicialmente como el Pacto Andino y que posteriormente fue renombrada como Comunidad Andina. Con el fin de conseguir el objetivo en mención, la Comunidad Andina promueve un proceso continuo de integración, así como de cooperación económica y social. En particular, este proceso de integración involucra la necesidad de tener reglas comunes en relación a aspectos que fomenten la unificación del mercado, tales como los derechos de propiedad industrial.

El sistema de propiedad industrial de la Comunidad Andina es establecido por la Decisión 486, la cual busca garantizar un escrutinio riguroso del cumplimiento de los requisitos requeridos para el otorgamiento de una patente. Así, la Comunidad Andina no solo prevé la realización obligatoria de un examen sustantivo por parte de las autoridades nacionales de patentes de sus Países Miembros, sino que también incluye mecanismos que permiten a terceros probar que una invención no cumple con los requisitos de ley, procurando la denegatoria de la patente (a través de una oposición anterior al registro) o, si la patente ya ha sido concedida, su revocación (a través de un pedido de nulidad).

De otro lado, la exclusividad que es conferida por la patente puede ser resguardada por medio del derecho del que gozan sus titulares para interponer denuncias por infracción ante las autoridades competentes. Debe señalarse que la legislación andina no establece quiénes habrán de ser estas autoridades competentes, por lo que los Países Miembros son libres de asignar tal competencia a órganos judiciales o administrativos.

En el caso particular de Perú, tanto los casos de nulidad e infracción pueden ser revisados a nivel administrativo, lo que ciertamente otorga una apreciable celeridad a la solución de estas disputas (la que regularmente no tomará más de 360 días útiles, incluyendo tanto primera como segunda instancia). Si bien el sistema judicial constituye una alternativa desde el año 2009, se conoce que ordinariamente los procesos que son vistos ante las cortes toman en promedio cuatro años, considerando el tiempo total que toman la primera y segunda instancia.

Más aún, los casos de nulidad e infracción administrativas son vistos por la Oficina de Patentes peruana (Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, un órgano perteneciente al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI), lo cual dota a estos casos de un alto grado de tecnicidad, lo cual es muy necesitado en las decisiones correspondientes.

Sin embargo, el sistema administrativo referido tiene ciertas limitaciones, dado que ambos procedimientos pueden ser seguidos de manera separada. Así pues, es imposible interponer una defensa de nulidad dentro del procedimiento de infracción, por lo que, si el denunciado considera que la patente en la que se basa la denuncia no cumple con uno o más requisitos legales, únicamente podrá presentar en pedido de nulidad independiente. Tal como se puede ver, éste es un caso sui generis de bifurcación, en donde es la misma autoridad la que decidirá ambos casos.

Considerando que es muy frecuente que un caso de infracción sea procesado antes que el inicio de la acción de nulidad respectiva, es teóricamente válido decir que una decisión que determine la nulidad de la patente podría resultar un acto tardío frente a la decisión anticipada que establezca la comisión de una infracción si es que ésta ya ha sido totalmente ejecutada. Al respecto, debe hacerse hincapié en que, de acuerdo a la legislación peruana, el efecto retroactivo de la invalidación de una patente no afecta aquellas decisiones en casos de infracción que hayan quedado firmes antes de dicha invalidación.

No obstante, la Oficina de Patentes peruana ha encontrado cierto modo de mitigar el problema antes referido. Así, cuando un caso de nulidad es presentado no mucho después del inicio de un procedimiento de infracción, la Oficina procura emitir las decisiones correspondientes a ambos casos en la misma fecha, de manera que, si el caso de nulidad es exitoso, se emite a continuación una decisión que determina la improcedencia de la acción de infracción. Esta medida busca la emisión de decisiones no contradictorias y solo es posible porque es la misma administración la que decide ambos casos.

A pesar de la medida adoptada por la Oficina de Patentes peruana, es todavía probable que, debido a razones muy particulares, esta solución de facto no funcione en todos los casos. En este sentido, sería muy positivo que el sistema andino sea modificado de manera tal que se incluya un instrumento que permita a los denunciados por infracción interponer una defensa de invalidación dentro del procedimiento de infracción. Esta solución de jure permitiría a la administración peruana contar con un mecanismo que asegure la emisión de decisiones coherentes, lo que, sumado a la celeridad y alto grado de tecnicidad reconocidos, dotaría de gran fuerza a su sistema de propiedad industrial.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s