Diego José Acuña Domínguez
Associate lawyer at Beuchat, Barros & Pfenniger, Abogados
Después de años de rondas de negociaciones, el pasado 08 de marzo de 2018 se firmó en la ciudad de Santiago de Chile el denominado “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico – CPTTP”, antes llamado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o TPP.
Tras la retirada de Estados Unidos en enero de 2017, este acuerdo de libre comercio ha sido celebrado entre 11 países de la Cuenca del Pacífico, a saber, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam (por lo que también es conocido como TPP-11), y entrará en funcionamiento dos meses después de ser ratificado por los parlamentos de al menos 6 de los 11 países firmantes.
La entrada en vigor del acuerdo no solo eliminará entre el 65% y 100% de las barreras arancelarias, sino que también supone un aumento de las ventajas comerciales y mejor acceso a mercados extranjeros como Canadá, Japón o Malasia. Cabe mencionar que el conjunto de estas naciones supone un mercado de cerca de 500 millones de personas y representa entre un 13% y un 15 % del comercio mundial, lo que resulta sumamente interesante en términos económicos para cada uno de sus integrantes.
El objetivo principal de este Tratado de libre comercio es rebajar las barreras comerciales que actualmente existen entre los países firmantes. En cuanto a Chile, único país del Acuerdo que ya contaba con tratados de libre comercio con los restantes 10 miembros, verá mejoradas sus condiciones en virtud de la suscripción del CPTPP.
El nuevo acuerdo establece la incorporación por referencia de todo el contenido del TPP original, entre el que se encuentra el relativo a los derechos de Propiedad Intelectual, materia la cual ha sido especialmente sensible dentro de las rondas previas de negociación. En particular, y como consecuencia de la dificultad para alcanzar los correspondientes consensos, este nuevo acuerdo ha visto suspendida la aplicación de 20 de sus normas, de las cuales 11 precisamente pertenecen al Capítulo de Propiedad Intelectual, a la espera de que los firmantes decidan ponerle fin a esta suspensión.
El resultado, es toda una serie de disposiciones sobre PI que hubieran afectado radicalmente a los empresarios con idea de aterrizar en territorio americano y que podrían entrar en vigor en un futuro. Por ello, si sus previsiones comerciales a corto plazo pasaban por ver aprobadas estas normas, le recomendamos que reconsidere su estrategia y se atenga al estatus actual (normativa local vigente + lo que sobrevivió del TPP).
Si quiere saber más sobre cuál es el marco normativo vigente, le invitamos a que consulte nuestros Fact Sheets o nos haga llegar su duda a través de la Helpline.
Para aquellos que quieran ahondar en las normas suspendidas, y más concretamente, en lo que concierne a Chile, a continuación, abordamos las que consideramos de un posible mayor impacto para los empresarios europeos que operen en el país suramericano o tengan intención de hacerlo.
1.- Materias patentables. Nuevos usos de un producto conocido e invenciones derivadas de plantas.
En virtud de esta suspensión los países contratantes no estarán obligados a otorgar patentes para invenciones en sus territorios respecto de nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos de uso de un producto conocido, o nuevos procedimientos de uso de un producto conocido, como tampoco respecto de invenciones derivadas de las plantas.
En el caso de Chile, éstas se encuentran expresamente excluidas como materias patentables por la Ley de Propiedad Industrial vigente, por lo que la aplicación de esta norma del Tratado habría obligado a efectuar un cambio legislativo.
2.- Ajuste de duración de la patente por retrasos irrazonables de la autoridad otorgante.
En virtud de esta suspensión, los países firmantes no se encuentran obligados a extender la duración de la protección de una patente a través del mecanismo de la denominada “protección suplementaria”.
En el caso de la Chile, la legislación actual ya contempla el mecanismo de la protección suplementaria para las patentes, pero sujeta a ciertas restricciones, a saber:
- i) que la solicitud sea presentada dentro de los seis meses de otorgada una patente;
- ii) que el plazo de otorgamiento hubiere sido superior a cinco años contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen; y
iii) que hubiere existido una demora administrativa injustificada por parte de la Oficina de Patentes encargada de su registro.
3.- Plazos de protección para los Derechos de Autor y los Derechos Conexos.
Ha quedado suspendida la obligación de los países miembros de elevar el periodo de protección de una obra, interpretación, ejecución o fonograma en los siguientes términos:
- a un plazo no inferior a la vida del autor y 70 años después de su muerte en caso de ser una persona natural, o
- de 70 años a contar del final del año calendario de la primera publicación autorizada; o
- a falta de publicación autorizada, dentro de los 25 años contados desde la creación de la obra, interpretación, ejecución o fonograma, no inferior a 70 años desde el fin del año calendario de ese hecho.
Dentro de las rondas de negociación se llegó a discutir incluso un plazo de protección de 120 años luego de la muerte del autor, pero finalmente se mantuvo el criterio de los 70 años. México es el único país firmante que concede 100 años de protección después de la muerte del autor. Ahora bien, incorporó en el TPP una cláusula para no dar a autores extranjeros protección por un periodo mayor al que le concede su país de origen.
En el caso de Chile, la Ley de Propiedad Intelectual ya establece un plazo de protección de estos derechos durante la vida del autor y 70 años después de su muerte en caso de ser persona natural, y de 70 años a contar de la primera publicación en caso de ser persona jurídica.
4.- Medidas tecnológicas de protección (TPMs).
Con la exclusión de este artículo queda sin efecto la obligación de regular pormenorizadamente lo relativo a mecanismos de protección legal y recursos legales contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que los titulares decidan usar para proteger sus derechos, restringiendo así actos de explotación no autorizados en relación con sus obras.
Estas medidas tecnológicas de protección son procedimientos, técnicas, dispositivos, componentes o una combinación de ellos cuya función es controlar, impedir o restringir de alguna forma el acceso o la utilización de las obras (por ejemplo, los sistemas anti-copia, de encriptación, marcas de agua, firmas digitales, entre otros).
En el caso de Chile, no existe una legislación específica sobre este tema, sino que le son de aplicación las reglas generales de la Ley de Propiedad Intelectual o la Ley de Delitos informáticos, por lo que la exigibilidad de esta disposición implicaría un cambio legislativo en esta materia.
5.- Información sobre Gestión de Derechos (RMI).
En virtud de la suspensión, queda sin efecto la obligación de que las Partes establezcan sanciones civiles, administrativas o incluso penales, para quienes alteren o supriman información sobre la gestión de derechos de los autores en obras protegidas, retomando lo dispuesto en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas.
La Información sobre Gestión de Derechos es aquella que permite identificar una obra, a su autor, al artista intérprete o ejecutante, al productor, o al titular de cualquier derecho sobre la misma. También permite identificar la información sobre términos y condiciones de utilización de la obra.
En el caso de Chile, la Ley de Propiedad Intelectual vigente establece sanciones de carácter civil para quien suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos, y para quienes distribuyan, importen, emitan, comuniquen o pongan a disposición copias de obras a sabiendas de que la información ha sido suprimida o alterada sin autorización de su titular.
6.- Protección de señales de satélite y cable encriptadas portadoras de programas.
Con la suspensión de esta disposición, queda sin efecto la obligación de considerar como un delito penal la manufactura, ensamble, modificación, importación, exportación, venta, arriendo o distribución de dispositivos o sistemas destinados a desencriptar, recibir o distribuir sin autorización señales de satélite y/o cable encriptadas, sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.
En el caso de Chile, no existe una legislación específica en esta materia, sino que son de aplicación las reglas generales de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley General de Telecomunicaciones o la Ley de Delitos informáticos, por lo que la aplicación de este artículo implicaría un cambio en el marco legislativo.
7.- Recursos legales y limitaciones (Proveedores de Servicios de Internet).
Con la suspensión de esta norma, queda sin efecto la obligación de los países contratantes de contar con un Sistema de “Safe harbours” o “puertos seguros” que permitan, cuando se cumplan determinadas condiciones, excluir la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet por los contenidos que circulen en sus redes y sean susceptibles de violar derechos de autor o conexos.
En el caso de Chile, la vigente Ley de Propiedad Intelectual ya cuenta con un extenso capítulo dedicado a este tema, que describe una serie de limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet en la medida en que se cumplan las condiciones señaladas.
8.- Trato Nacional.
Con la suspensión de dos frases de esta norma, queda sin efecto la obligación de los países de extender el alcance del concepto de “protección” para prohibir la elusión de las medidas tecnológicas efectivas, establecidas en el artículo sobre Medidas Tecnológicas de Protección y en las disposiciones concernientes a la información sobre la gestión de derechos antes señaladas.
Con ello se busca dar consistencia al resto de las normas suspendidas, que, como hemos visto anteriormente, abordan las disposiciones relativas a las medidas tecnológicas de protección y a la información sobre gestión de derechos.
La mayoría de las disposiciones suspendidas en materia de Propiedad Intelectual fueron impulsadas por Estados Unidos y, tras su salida, como ya se adelantó al principio del artículo, las partes acordaron suspenderlas indefinidamente. El futuro dirá si los países deciden ir renegociándolos e incorporarlas de manera definitiva al acuerdo, con una formulación que sea capaz de contentar a todas las partes, o si, por lo contrario, seguirán suspendidas de cara a evitar desacuerdos o rechazos, como lo es en Chile la obligación que tendrá de acceder al Convenio de la UPOV 91.
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