Winds of change are blowing in the international Copyright panorama

Rebeca Nieto
IP Expert at Latin America IPR SME Helpdesk

Francis Gurry, WIPO’s Director General, pointed out in a recent interview the challenges posed by new scientific and technological developments for IP administration, policy and governance.

In this sense, it is nothing new that Intellectual Property Law, as any other field of law, lags behind technological, market and social realities. For this reason, it is in the hands of law-makers, authorities and industry to take all the necessary steps to adjust current regulations to the existing scientific and technological development.

However, if we actually look at the European and Latin American national and regional legislation panorama, we can notice that most of them require an update and adjustment in their copyright regulation to match the new digital reality.

In this regard, the major challenges to be addressed are the digitalization and distribution of content over Internet, the improvement of access to online content and cross boarder access, the current and future development of the “Internet of the Things”, appropriate protection of creators and fair payment for the online use of their works, among others.

Nonetheless, the digital revolution not only involves difficulties, but also opportunities. As regards copyright, creators such as Imogen Heap, are becoming aware of the business prospects that new technologies like Blockchain can bring to them. Imogen Heap, through her Mycelia project, has been the first author that has distributed her song, Tiny Human, by means of a smart contract using block chain.

Given the current context, it is not surprising that the negotiating and adopting a new Copyright legislation is not a piece of cake.

In Europe, for instance, the proposal of the Directive on Copyright in the Digital Single Market, has received nearly 1,000 amendments. Even so, the approval of said Directive is getting closer. On the 10th of October, the Juri Committee is expected to vote on the content of the new EU Copyright Directive.

The key issues at debate are:

  • The creation of ancillary rights for press publishers (art.11).
  • The obligation for online service providers to monitor and prevent copyright infringements by users (art. 13).
  • The mandatory exceptions related to teaching activities, text and data mining and preservation of cultural heritage (art. 3-5).
  • Fair remuneration in contracts for authors and performers (art.14-16).

It must be note that In Europe, a Community Directive of 2001 is in charge of regulating the Digital Market.

In Latin America, most national and regional copyright legislations (such as the Decision 351 of the Andean Community) also require an update to match the requirements of the digital era. It should be borne in mind that the majority of them were approved long before the irruption of the information and communication revolution.

Nonetheless, these region are taking action as reflected in the last Regional Meeting for Directors of the Copyright Offices of Latin America held in Colombia. The participating countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Uruguay and Venezuela) addressed current global issues. “Rights management in the digital environment: initiatives to make the management and ownership of digital rights more efficient” and “Orange Economy, Challenges and Opportunities in the Fourth Industrial Revolution, Intellectual Property Rights and Entrepreneurship” are one of the topics that were addressed during the Meeting.

Even though many Latin American countries have introduced modifications in their national Copyright laws over the last years, such as for Colombia, Ecuador or Brazil, as a rule of thumb, it can be said that digital challenges have not yet been fully addressed in this region.

Expect legislative changes in the near future. To be up to date about Latin America’s latest copyright and IP developments, do not forget to visit our news section or subscribe to our newsletter.

In addition, if you are planning to internationalize your creative business to Latin America, please read our Factsheet Copyright in a nutshell and our Factsheet Protecting your creations in the Andean Community, or contact our Helpline for further information.

Litigios de infracción y nulidad de patentes en el Perú: Un caso sui generis de bifurcación

Technical Secretary at the Commission of Inventions and New Technologies
INDECOPI

La Comunidad Andina es el resultado de la búsqueda de un desarrollo equitativo y armonioso por parte de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que firmaron el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, estableciendo el marco de creación de una comunidad subregional conocida inicialmente como el Pacto Andino y que posteriormente fue renombrada como Comunidad Andina. Con el fin de conseguir el objetivo en mención, la Comunidad Andina promueve un proceso continuo de integración, así como de cooperación económica y social. En particular, este proceso de integración involucra la necesidad de tener reglas comunes en relación a aspectos que fomenten la unificación del mercado, tales como los derechos de propiedad industrial.

El sistema de propiedad industrial de la Comunidad Andina es establecido por la Decisión 486, la cual busca garantizar un escrutinio riguroso del cumplimiento de los requisitos requeridos para el otorgamiento de una patente. Así, la Comunidad Andina no solo prevé la realización obligatoria de un examen sustantivo por parte de las autoridades nacionales de patentes de sus Países Miembros, sino que también incluye mecanismos que permiten a terceros probar que una invención no cumple con los requisitos de ley, procurando la denegatoria de la patente (a través de una oposición anterior al registro) o, si la patente ya ha sido concedida, su revocación (a través de un pedido de nulidad).

De otro lado, la exclusividad que es conferida por la patente puede ser resguardada por medio del derecho del que gozan sus titulares para interponer denuncias por infracción ante las autoridades competentes. Debe señalarse que la legislación andina no establece quiénes habrán de ser estas autoridades competentes, por lo que los Países Miembros son libres de asignar tal competencia a órganos judiciales o administrativos.

En el caso particular de Perú, tanto los casos de nulidad e infracción pueden ser revisados a nivel administrativo, lo que ciertamente otorga una apreciable celeridad a la solución de estas disputas (la que regularmente no tomará más de 360 días útiles, incluyendo tanto primera como segunda instancia). Si bien el sistema judicial constituye una alternativa desde el año 2009, se conoce que ordinariamente los procesos que son vistos ante las cortes toman en promedio cuatro años, considerando el tiempo total que toman la primera y segunda instancia.

Más aún, los casos de nulidad e infracción administrativas son vistos por la Oficina de Patentes peruana (Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, un órgano perteneciente al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI), lo cual dota a estos casos de un alto grado de tecnicidad, lo cual es muy necesitado en las decisiones correspondientes.

Sin embargo, el sistema administrativo referido tiene ciertas limitaciones, dado que ambos procedimientos pueden ser seguidos de manera separada. Así pues, es imposible interponer una defensa de nulidad dentro del procedimiento de infracción, por lo que, si el denunciado considera que la patente en la que se basa la denuncia no cumple con uno o más requisitos legales, únicamente podrá presentar en pedido de nulidad independiente. Tal como se puede ver, éste es un caso sui generis de bifurcación, en donde es la misma autoridad la que decidirá ambos casos.

Considerando que es muy frecuente que un caso de infracción sea procesado antes que el inicio de la acción de nulidad respectiva, es teóricamente válido decir que una decisión que determine la nulidad de la patente podría resultar un acto tardío frente a la decisión anticipada que establezca la comisión de una infracción si es que ésta ya ha sido totalmente ejecutada. Al respecto, debe hacerse hincapié en que, de acuerdo a la legislación peruana, el efecto retroactivo de la invalidación de una patente no afecta aquellas decisiones en casos de infracción que hayan quedado firmes antes de dicha invalidación.

No obstante, la Oficina de Patentes peruana ha encontrado cierto modo de mitigar el problema antes referido. Así, cuando un caso de nulidad es presentado no mucho después del inicio de un procedimiento de infracción, la Oficina procura emitir las decisiones correspondientes a ambos casos en la misma fecha, de manera que, si el caso de nulidad es exitoso, se emite a continuación una decisión que determina la improcedencia de la acción de infracción. Esta medida busca la emisión de decisiones no contradictorias y solo es posible porque es la misma administración la que decide ambos casos.

A pesar de la medida adoptada por la Oficina de Patentes peruana, es todavía probable que, debido a razones muy particulares, esta solución de facto no funcione en todos los casos. En este sentido, sería muy positivo que el sistema andino sea modificado de manera tal que se incluya un instrumento que permita a los denunciados por infracción interponer una defensa de invalidación dentro del procedimiento de infracción. Esta solución de jure permitiría a la administración peruana contar con un mecanismo que asegure la emisión de decisiones coherentes, lo que, sumado a la celeridad y alto grado de tecnicidad reconocidos, dotaría de gran fuerza a su sistema de propiedad industrial.