Litigios de infracción y nulidad de patentes en el Perú: Un caso sui generis de bifurcación

Technical Secretary at the Commission of Inventions and New Technologies
INDECOPI

La Comunidad Andina es el resultado de la búsqueda de un desarrollo equitativo y armonioso por parte de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que firmaron el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, estableciendo el marco de creación de una comunidad subregional conocida inicialmente como el Pacto Andino y que posteriormente fue renombrada como Comunidad Andina. Con el fin de conseguir el objetivo en mención, la Comunidad Andina promueve un proceso continuo de integración, así como de cooperación económica y social. En particular, este proceso de integración involucra la necesidad de tener reglas comunes en relación a aspectos que fomenten la unificación del mercado, tales como los derechos de propiedad industrial.

El sistema de propiedad industrial de la Comunidad Andina es establecido por la Decisión 486, la cual busca garantizar un escrutinio riguroso del cumplimiento de los requisitos requeridos para el otorgamiento de una patente. Así, la Comunidad Andina no solo prevé la realización obligatoria de un examen sustantivo por parte de las autoridades nacionales de patentes de sus Países Miembros, sino que también incluye mecanismos que permiten a terceros probar que una invención no cumple con los requisitos de ley, procurando la denegatoria de la patente (a través de una oposición anterior al registro) o, si la patente ya ha sido concedida, su revocación (a través de un pedido de nulidad).

De otro lado, la exclusividad que es conferida por la patente puede ser resguardada por medio del derecho del que gozan sus titulares para interponer denuncias por infracción ante las autoridades competentes. Debe señalarse que la legislación andina no establece quiénes habrán de ser estas autoridades competentes, por lo que los Países Miembros son libres de asignar tal competencia a órganos judiciales o administrativos.

En el caso particular de Perú, tanto los casos de nulidad e infracción pueden ser revisados a nivel administrativo, lo que ciertamente otorga una apreciable celeridad a la solución de estas disputas (la que regularmente no tomará más de 360 días útiles, incluyendo tanto primera como segunda instancia). Si bien el sistema judicial constituye una alternativa desde el año 2009, se conoce que ordinariamente los procesos que son vistos ante las cortes toman en promedio cuatro años, considerando el tiempo total que toman la primera y segunda instancia.

Más aún, los casos de nulidad e infracción administrativas son vistos por la Oficina de Patentes peruana (Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, un órgano perteneciente al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI), lo cual dota a estos casos de un alto grado de tecnicidad, lo cual es muy necesitado en las decisiones correspondientes.

Sin embargo, el sistema administrativo referido tiene ciertas limitaciones, dado que ambos procedimientos pueden ser seguidos de manera separada. Así pues, es imposible interponer una defensa de nulidad dentro del procedimiento de infracción, por lo que, si el denunciado considera que la patente en la que se basa la denuncia no cumple con uno o más requisitos legales, únicamente podrá presentar en pedido de nulidad independiente. Tal como se puede ver, éste es un caso sui generis de bifurcación, en donde es la misma autoridad la que decidirá ambos casos.

Considerando que es muy frecuente que un caso de infracción sea procesado antes que el inicio de la acción de nulidad respectiva, es teóricamente válido decir que una decisión que determine la nulidad de la patente podría resultar un acto tardío frente a la decisión anticipada que establezca la comisión de una infracción si es que ésta ya ha sido totalmente ejecutada. Al respecto, debe hacerse hincapié en que, de acuerdo a la legislación peruana, el efecto retroactivo de la invalidación de una patente no afecta aquellas decisiones en casos de infracción que hayan quedado firmes antes de dicha invalidación.

No obstante, la Oficina de Patentes peruana ha encontrado cierto modo de mitigar el problema antes referido. Así, cuando un caso de nulidad es presentado no mucho después del inicio de un procedimiento de infracción, la Oficina procura emitir las decisiones correspondientes a ambos casos en la misma fecha, de manera que, si el caso de nulidad es exitoso, se emite a continuación una decisión que determina la improcedencia de la acción de infracción. Esta medida busca la emisión de decisiones no contradictorias y solo es posible porque es la misma administración la que decide ambos casos.

A pesar de la medida adoptada por la Oficina de Patentes peruana, es todavía probable que, debido a razones muy particulares, esta solución de facto no funcione en todos los casos. En este sentido, sería muy positivo que el sistema andino sea modificado de manera tal que se incluya un instrumento que permita a los denunciados por infracción interponer una defensa de invalidación dentro del procedimiento de infracción. Esta solución de jure permitiría a la administración peruana contar con un mecanismo que asegure la emisión de decisiones coherentes, lo que, sumado a la celeridad y alto grado de tecnicidad reconocidos, dotaría de gran fuerza a su sistema de propiedad industrial.

Two Cents on the new Industrial Property Law

Maximiliano Santa Cruz Scantlebury
National Director of the National Institute of Industrial Property – INAPI

The National Institute of Industrial Property (INAPI) is promoting the substitution of the current Industrial Property number 19.039 by a modern regulation which allows simple, faster and lower cost procedures on trademarks, patents and industrial designs.

The bill seeks to encourage innovation, knowledge transfer and allow consumers to discriminate products and services on a better way. I want to provide two cases, one related to trademarks and another to industrial design. The bill has contemplated the trademark expiration arguing the lack of real and effective use by the owner right or a third party with his consent in the national territory; this rectification pretends to guarantee the indissolubility link between the trademark, the object to be distinguished and the purpose in the market.

With such proposal, INAPI seeks to prevent the blocking on the trademark protection system due to the registry of simple formal rights producing saturation as well; in this way, we avoid the registration of trademarks with no intention to be used in the market and generating blocking for new entrants. The bill forces the registrant to properly use the trademark, with the aim to assure that every register counts with a product or service effectively traded in the market, notwithstanding that might be valid reasons to justify not using it.

In this manner, the owner right will fall into an expiration causal whether has been passed five years from the date of concession and the trademark has not been used in a real and effective way within national territory to distinguish the products or services for which has been granted; or in the case if such using has been uninterruptedly suspended during the same span.

The requirement of using is a demand that almost all countries consider in their trademark legislation. Chile is lagging on this issue and the bill goal is to prevent not using trademarks to impede the introduction of firms willing to use new denomination, either similar or identical, creating a barrier for competitors. In other words, the trademark registration must effectively reflect the reality on the market, because favors free competition and the creation of new businesses.

In the case of industrial design, the current legislation does not favor the national inventors and designers. The industrial design protects the appearances of functional objects, by its form, geometric configuration, and ornamentation or by their combination. Currently the legal proceeding for obtaining the industrial design is performed according to the applicable rules of invention patent; by other meaning, it uses time limit and formalities which are not fitting with his nature. As consequent it has a larger cost and longer processing time, which in many cases exceeds two years, making them a useless tool to foster those kinds of creations in our country. The industrial design is an intangible asset with a short useful life which is easy to copy; therefore a granting procedure as the present does not fit with its nature.

Hence the bill establishes a new procedure with the goal to stimulate the effectiveness on the legal proceeding and by this way adjusts to the needs of national inventors and designers. Having an expedited system for such rights is remarkably important if the aim is supporting entrepreneurs and innovators to protect their creations; therefore these modifications on the new bill are essential to benefit the applicants.